Alcaldes, alcaldesas, miembros de Concejos Municipales y representantes de los 153 municipios del país se sumaron en respaldo a las reformas parciales de la Constitución Política de Nicaragua, durante la sesión de consulta sostenida este miércoles con miembros de la Comisión Especial Constitucional conformada para dirigir el proceso.

Durante el acercamiento se expusieron —en voz del Doctor Gustavo Porras, miembro de la comisión— los principios y conceptos sujetos a reformas y que tienen como principal objetivo fortalecer la democracia del Pueblo Presidente.

Al respecto, la Procuradora General de Justicia, Wendy Morales, resaltó la importancia que tienen las reformas para que el pueblo nicaragüense continúe avanzando en sus procesos democráticos y el desarrollo nacional en todas las áreas.

“Con mucha firmeza, en nombre de las municipalidades, de todas las municipalidades del país, de los más de 3.000 compañeros que hoy se encuentran conectados en esta reunión, respaldamos con firmeza estas propuestas de reformas constitucionales que sabemos continuarán y serán en beneficio de nuestro pueblo, ese Pueblo Presidente que es el que define sus propias rutas de Desarrollo, Paz y Estabilidad para nuestro país”, dijo Morales durante el encuentro.

Morales aprovechó el espacio para hacer una reflexión sobre el papel estratégico que desempeñan las municipalidades “en la construcción del desarrollo nacional y en el fortalecimiento permanente de nuestro Estado y, obviamente, la vinculación directa que tienen estas municipalidades con esta propuesta de reforma constitucional que es objeto de consulta en esta ocasión con todas las municipalidades del país”, destacó.

En ese orden, la Procuradora General de Justicia recordó que la Constitución Política de Nicaragua representa mucho más que un conjunto de normas supremas; “consideramos que es la expresión jurídica de un proyecto colectivo de convivencia, el marco que está distribuyendo las competencias del poder público, reconociendo derechos, estableciendo responsabilidades y definiendo los principios que orientan la vida institucional de un país”, expuso. 

A la vez, planteó su consideración sobre el proceso de reforma constitucional como “una oportunidad para reflexionar, que es lo que ha hecho el doctor Porras hoy acá, con mucha serenidad y con una visión de futuro sobre la capacidad de nuestras instituciones, cómo hemos venido actuando a lo largo de todos estos años, cómo se han venido ejecutando todos los proyectos —y esto es muy importante recalcarlo— siempre con la obligación de responder a esas transformaciones sociales, económicas e institucionales que experimenta nuestra nación”, dijo.

“En ese ejercicio, el derecho constitucional ofrece una premisa ampliamente aceptada: las constituciones, estamos completamente claros, no permanecen inmutables, están evolucionando constantemente y evolucionan conforme a las sociedades que sirven, en este caso el pueblo de Nicaragua”, añadió.

De acuerdo a Morales, la duración de los períodos constitucionales, la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, la organización territorial del Estado, los mecanismos de control institucional y las formas de representación política han venido experimentando modificaciones en muchos países.

“Siempre obedeciendo a sus propios procesos históricos y, obviamente, a las necesidades de cada sociedad. Y en ese sentido, Nicaragua no es la excepción; también tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades y las hemos venido cumpliendo a lo largo de todos estos años y sobrellevando siempre con la unidad y con la sinergia que ha caracterizado a nuestro Gobierno”, expuso.

La Procuradora General de Justicia compartió también aspectos sobre el papel que desempeñan las municipalidades dentro del Estado.

“Es así que la Constitución constituye la arquitectura jurídica del Estado y las municipalidades, creemos, es la representación más cercana a la vida cotidiana de las familias nicaragüenses”, manifestó.

En tal sentido, consideró también que el municipio es el espacio “donde la acción pública se transforma en resultados tangibles para las familias”.

“Es en los municipios donde las políticas públicas dejan de ser disposiciones normativas para convertirse en caminos, en puentes, en agua potable, en saneamiento, en viviendas, en mercados, en parques, en escuelas, en centros deportivos, en protección ambiental, en ordenamiento territorial, en múltiples servicios que inciden directamente en la calidad de vida de la población”, añadió. 

En ese sentido, reconoció el fortalecimiento del régimen municipal que permitirá también fortalecer al Estado en su conjunto.

“Las transformaciones que hoy experimentan nuestros municipios, estamos seguros, exigen instituciones cada vez más sólidas, con mayor capacidad técnica, jurídica y administrativa para responder a las crecientes demandas de la población”, agregó.

Resaltó además que, desde la experiencia de la Procuraduría para las municipalidades, han observado a la planificación estratégica como “la base esencial de una correcta administración municipal”.

“Y en ese sentido, todos los municipios han estado aunados en ir mejorando, en ir concretando cada uno de los proyectos con esa planificación clara, definida, estratégica, segura que comprende la ejecución de dichos proyectos y lo que mencionaba el doctor Porras: la vista de estos hospitales, de estos proyectos a lo largo de todo el país que solo pueden ser ejecutados con esa sinergia y con esa planificación”, destacó.

De igual forma, valoró que, al igual que los programas de desarrollo de inversión pública, obras de infraestructura, proyectos de agua potable, saneamiento, modernización urbana, protección ambiental y el ordenamiento territorial, “requieren una visión de mediano y largo plazo que garantice la culminación y sostenibilidad”, afirmó.

“La continuidad institucional permitirá que estos proyectos puedan ejecutarse con eficiencia, evitando interrupciones innecesarias y permitiendo que los recursos públicos produzcan el mayor beneficio posible para las familias nicaragüenses”, aseguró.

Al mismo tiempo, aseguró que, de acuerdo al derecho comparado, diversos países han adoptado diversos períodos de mandato “atendiendo a su realidad política, a su realidad histórica y a su realidad administrativa”.

“El elemento común en todos esos sistemas no es únicamente la duración de un mandato, sino la existencia de instituciones capaces de asegurar la continuidad administrativa, la rendición permanente de cuentas, la transparencia, el control público y la protección efectiva del interés general, tal como hemos venido ejecutando en nuestro Gobierno de Reconciliación”, añadió. 

Morales consideró además que Nicaragua atraviesa un proceso de actualización.

“Creemos que las constituciones no constituyen instrumentos estáticos, sino expresiones vivas del acuerdo político y jurídico que organiza el Estado y orienta su evolución. Su fortaleza radica precisamente en la capacidad de responder, en la capacidad de avanzar mediante los mecanismos democráticos previstos en ella para las nuevas realidades, desafíos y necesidades del país”, apuntó.

Aseguró que toda propuesta al perfeccionamiento del diseño constitucional debe analizarse “a como aquí ya nos han presentado, con responsabilidad institucional, con una visión de Estado y estricto apego a los principios que garantizan la estabilidad, la gobernabilidad y el bienestar de la nación”.

En ese orden, la procuradora mencionó el repaso histórico hecho por el doctor Porras sobre cómo la historia del país ha sufrido cambios “de acuerdo a los intereses de algunos mezquinos que solo quieren ver en pro de ellos el desarrollo a favor de ellos de nuestro país y no en pro de los miles y miles de nicaragüenses”. 

“Y por ello creemos que, como dije, toda Constitución tiene que responder a esas necesidades históricas, tiene que responder a las necesidades sociales e institucionales de cada Estado, incluyendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para fortalecer la organización del Estado y garantizar una administración pública más eficiente”, señaló.

Indicó también que “uno de los mayores desafíos que enfrenta una administración pública consiste en armonizar las demandas inmediatas de la sociedad con la obligación de construir políticas públicas capaces de producir resultados sostenibles en el tiempo”.

Expresó que es por ello que la gestión pública moderna no puede concebirse únicamente como la administración de lo cotidiano y debe crear condiciones para que “las decisiones adoptadas hoy produzcan beneficios duraderos para las generaciones presentes y futuras”.

“Por consiguiente, la eventual ampliación del período constitucional de las autoridades nacionales y locales desde la Procuraduría General de Justicia son vistas y comprendidas como un mecanismo orientado a fortalecer la estabilidad institucional, la continuidad de las políticas públicas y la planificación estratégica a largo plazo”, consideró. 

Subrayó al respecto, que un marco temporal más amplio puede favorecer una ejecución más completa de proyectos en beneficio del pueblo, pues muchas de estas obras “exceden el horizonte temporal de un período gubernamental breve”. 

“Creemos que se van a reducir costos asociados a las transiciones institucionales y se va a brindar mayor previsibilidad a la administración pública”, resaltó.

Resaltó también que “un horizonte institucional más amplio facilitaría una mejor programación presupuestaria, una ejecución más eficiente de las inversiones públicas, cuyo fortalecimiento institucional encuentra un complemento importante en la creación de la Procuraduría para las Municipalidades, cuya función especializada contribuye a brindar seguridad jurídica, a proteger el patrimonio municipal, a unificar criterios legales, a acompañar técnicamente a los gobiernos locales y a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y las municipalidades”, subrayó.

Finalmente, definió que el objetivo común de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es construir gobiernos locales cada vez más sólidos, eficientes, transparentes y con mayor capacidad para responder a los desafíos del presente y del futuro. 

“Con esa visión de nuestros Copresidentes, el fortalecimiento del municipalismo trasciende cualquier circunstancia coyuntural para convertirse en una política de Estado orientada al bienestar de las familias, al desarrollo equilibrado del territorio y a la consolidación de una institucionalidad moderna capaz de garantizar continuidad, eficiencia, seguridad jurídica y servicio público de excelencia”, concluyó.

Aspectos a reformar

El Compañero Gustavo Porras, Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial Constitucional, repasó importantes elementos históricos y  los seis aspectos sujetos a reformar. 

“Acuérdense, el «no podrán», la estabilidad que tiene que ver con los 7 años, la seguridad y la cohesión que tiene que ver con los mandos y la reforma de la ley del Ejército y la Policía, las atribuciones que se le mandatan al Consejo Supremo Electoral para hacer cumplir esos cambios, el cambio de la fecha del 18 de enero para restituir ese agravio que teníamos a nuestra figura universal (Rubén Darío) junto con Sandino. Y la coherencia, que significa que todo el mundo (los cargos de elección y nombramientos) pasa a los 7 años”, explicó.

Porras consideró que se trata de “una lucha política también, porque nosotros en Nicaragua, los que estamos aquí, sabemos lo que está pasando, lo vemos, lo vivimos… pero hay una lucha permanente y además estamos disputando el cariño de todo el pueblo nicaragüense, porque nuestro modelo es el del pueblo presidente, es de todos los nicaragüenses”.

El diputado y miembro de la Comisión Especial Constitucional hizo también aclaraciones puntuales sobre el contenido de las reformas:

“Lo primero que la gente se pregunta es si hay elecciones. 

Sí, hay elecciones.

¿Que si estas elecciones van a ser limpias y transparentes?

Sí, van a ser limpias y transparentes. Van a tener toda su estructura electoral como ha habido siempre.

¿Que si van a ser periódicas?

Sí, van a ser periódicas, van a ser cada 7 años, eso es lo que estamos proponiendo y, si se aprueba, van a ser cada 7 años. Las próximas serían en el 2028.

¿Sí pueden participar todos los nicaragüenses?

Sí, todos los nicaragüenses patriotas pueden participar, independientemente del pensamiento político, de su visión ideológica, de su credo, de su etnia, todo.

¿Quiénes no pueden participar?

No pueden participar los traidores a la patria, los golpistas, los que violen la Constitución, los que no actúen como nicaragüenses, sino que actúen en contra de los nicaragüenses. Eso hay que dejarlo claro”, manifestó.

De igual forma, dejó claros otros aspectos que seguirá conservando el ejercicio democrático en Nicaragua.

“¿Y las elecciones van a ser secretas?

Sí, van a ser como siempre. Van a ser secretas, sí; van a ser transparentes, sí; van a ser universales, sí; va a ser personal, sí; el voto es intransferible, sí;

¿va a ser un voto directo?

Sí.

¿va a ser un voto libre?

Sí. Es decir, como siempre han sido, porque son las dudas que los nicaragüenses pueden tener o les quieren meter”, detalló.

Aclaró también la legalidad de los cambios que serán plasmados en la carta magna del país:

«¿Y todos esos cambios que ustedes están haciendo son legales?»

Sí, absolutamente legales, tal y como manda la Constitución y mandan las leyes.

Hemos hecho lo que corresponde, se metió una propuesta y hay que resaltar que con el 100% de la firma de los diputados propietarios, con el 100% de las firmas de los suplentes, y además en hoja aparte, obvio, que los suplentes y los del Parlacen en hoja aparte porque el requisito para presentarla es el 30%, y nosotros la presentamos con el 100%”, destacó. 

Porras observó también el avance de las reformas en un ambiente de unidad nacional, “vamos a aprobarla seguramente, y con el apoyo y la unidad de todos los que en el país amamos la patria. Esa es la realidad”, confirmó

Igualmente, recordó que se tienen previstas 30 consultas en las que incluso fueron convocados los comunicadores. 

“Entonces vamos haciendo esa consulta hasta cubrir lo más que podemos, y la última consulta va a ser con la juventud y los estudiantes, que esperamos, si Dios lo permite, el 27 de agosto estar haciendo esa última consulta para hacer los preparativos para el 1.º de septiembre aprobar”, aclaró.

Del mismo modo, recordó que así como se está cumpliendo con la formalidad de ley, es así también que se está “llevando a nivel constitucional todos estos derechos, porque yo no lo pondría como prohibiciones: derechos de todos los nicaragüenses a que no nos vayan a empañar nuestra paz”.

El diputado añadió al respecto que la lucha contra la pobreza requiere la unidad de todos los sectores del país.

“Y tenemos que tener no solo los diez mandamientos, además todo lo que de ellos se deriva. Para cumplir con esos diez mandamientos, después se derivan todas las leyes; todo por lo que luchamos nosotros se deriva de ahí. Así que eso es lo que tenemos para garantizar la paz”, argumentó.

En esta sesión de consulta, además de los representantes de las municipalidades, también se integraron a la consulta los procuradores nacionales, miembros del Sistema Nacional de Registros (SINARE), del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), así como diputados de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, entre otros.

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